El Ejecutivo aprobará decreto de vivienda con prórroga de alquileres hasta 2028

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes, 28 de julio, un decreto ley destinado a ampliar significativamente la protección del mercado de alquiler en España. La medida principal contempla una prórroga automática de los contratos de arrendamiento hasta 2028, además de incrementar la carga tributaria sobre las viviendas de uso turístico al 21%.

Esta sesión, que constituirá la última reunión antes del periodo vacacional, busca impulsar un "gran acuerdo" en el Congreso de los Diputados para resolver la crisis de accesibilidad habitacional que afecta al país. El Gobierno, en coordinación con PSOE y Sumar, ha elaborado un real decreto que integra propuestas consensuadas entre diversas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura.

El documento se estructura en dos ejes fundamentales. El primero concentra sus esfuerzos en contener el encarecimiento de rentas, asegurar la continuidad contractual y erradicar prácticas fraudulentas en el sector. Entre las disposiciones previstas figuran la regulación de arrendamientos estacionales y de habitaciones individuales, la exigencia de formalización escrita de contratos y estímulos fiscales en el IRPF para propietarios que reduzcan sus precios de alquiler.

La prórroga extraordinaria permitirá a los arrendatarios cuyos contratos finalicen antes del 30 de junio de 2028 prorrogarlos hasta dos años adicionales. Según estimaciones de Sumar, aproximadamente cuatro millones de personas y millón y medio de viviendas podrían acceder a estos beneficios durante el intervalo comprendido entre el 21 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2028.

El segundo componente del decreto enfatiza la ampliación de la disponibilidad de vivienda de precio accesible mediante la elevación tributaria de inmuebles turísticos y medidas para optimizar los trámites administrativos, incluyendo una reforma de la legislación sobre suelo urbano.

Finalmente, el nuevo decreto ley incluirá negociaciones con las bancadas parlamentarias para diseñar instrumentos que protejan a familias en condiciones de vulnerabilidad, previniendo desahucios y garantizando que todas las familias dispongan de alternativas habitacionales viables.