La Corte Suprema ordena al Gobierno recalcular indemnizaciones a Sacyr por autopistas madrileñas

El Tribunal Supremo ha fallado parcialmente en favor de Sacyr respecto a las indemnizaciones que corresponden al Estado por la intervención de dos autopistas radiales de la capital. La sentencia, dictada el 2 de junio pasado, ordena al Ejecutivo efectuar un nuevo cálculo de las compensaciones a las concesionarias, considerando las inversiones realizadas que ahora pertenecen al patrimonio público.

La resolución anula el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 2023, que había fijado una compensación de 570 millones de euros para el gestor de las autopistas R-3 y R-5, así como un segmento de la M-50. Esta cifra ya representaba un aumento de 451 millones respecto a la estimación inicial.

El máximo tribunal también critica al Gobierno por la demora "más que prudente" de más de una década en concluir el proceso de liquidación de estas indemnizaciones.

Aunque Sacyr ya no opera estas infraestructuras, que actualmente gestiona la entidad pública SEITT, el Supremo reconoce que las empresas constructoras mantienen interés legítimo para cuestionar los montos calculados, enfatizando la necesidad de una determinación correcta y conforme a derecho de la responsabilidad patrimonial estatal, independientemente de la recuperación de la deuda inicial.

La concesión de las autopistas R-3 y R-5 fue otorgada en 1999 a un consorcio integrado por ACS, OHLA, Sacyr y FCC. Las vías comenzaron a operar en 2004, pero en 2012 entraron en concurso de acreedores. Posteriormente, distintos fondos adquirieron la deuda con el propósito de asegurar futuras indemnizaciones del Estado.

Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas ha generado desembolsos totales de 1.684 millones de euros, aunque esta cantidad se considera provisional debido a que numerosas autopistas aún tramitan la segunda resolución. Los pagos realizados incluyen 134 millones para la R-4; 319 millones para la A-36; 41 millones para la A-41; 278 millones para la AP-7 Cartagena-Vera; 307 millones para la AP-7 Alicante; y 46 millones para la M-12, mientras que el coste estimado para la R-2 es de cero euros.