La inflación como mecanismo oculto de financiamiento estatal

Las economías desarrolladas funcionan bajo un modelo que demanda inflación. Los estados europeos, cada vez más endeudados, reciben con discreción cualquier incremento en los indicadores de precios, pues el aumento del costo de vida genera ingresos tributarios sin necesidad de elevar tasas impositivas. Para los gobiernos con tendencia al gasto público, este mecanismo resulta ideal: los responsables siempre parecen ser factores externos y no su propia administración.

El sistema está estructurado fundamentalmente para que los precios asciendan. Esta dinámica revaloriza activos como inmuebles y acciones de empresas cotizadas, fenómeno que ocurre porque crece el capital circulante. En economías basadas en monedas de curso forzoso como el dólar, el euro o la libra esterlina, la contracción monetaria es excepcional. Los bancos centrales protegen los intereses de inversores y propietarios.

La caída de precios se percibe negativamente en general, incluso cuando obedece a ganancias de productividad, como sucede en tecnología. Una deflación genuina, tema que genera inquietud entre economistas, permitiría en circunstancias normales que los trabajadores asalariados aumentaran su capacidad de compra de bienes y servicios.

Sin embargo, la realidad es opuesta, como evidencian las rentas reales españolas. El poder adquisitivo se deteriora aceleradamente desde 2019, pese a las mejoras salariales negociadas recientemente. Datos del Banco de España muestran que el salario neto, descontada la inflación, ha retrocedido aproximadamente un 4% en siete años.

En verdad, los bancos centrales poseen menor capacidad de la que comúnmente se les atribuye para regular variaciones significativas de precios. Un análisis de UBS revela que tras la pandemia, más del 70% de las desviaciones inflacionarias provienen de alimentos y energía —especialmente petróleo—, que responden a variables globales como conflictos armados o fenómenos climáticos. Estos factores escapan al control de la política monetaria.

Esta realidad explica por qué los bancos centrales fijan objetivos de inflación del 3%. Los incrementos del PIB generados por alzas de precios resultan útiles para "disimular" las estadísticas de deuda pública, independientemente de que un aumento sostenido del costo de vida en esa magnitud durante prolongados períodos afecta severamente el poder de compra de la mayoría de la población mundial.

Para el Gobierno español, la inflación representa una ventaja considerable. Los ingresos fiscales crecen a ritmos superiores al 10% mensualmente de manera prácticamente automática gracias a los aumentos de precios. Esto permite que ciertas variables problemáticas permanezcan ocultas silenciosamente en los datos de ejecución presupuestaria.

El costo de la deuda constituye un ejemplo notable. Los intereses de obligaciones, bonos y Letras del Estado en circulación crecen al 11% según datos de mayo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Al incremento masivo del volumen de emisiones se suma un aumento gradual del costo de financiación del pasivo público español en mercados.

Actualmente, el Estado central destina casi un 80% más recursos al pago de intereses de deuda —15.748 millones hasta mayo— que a salarios de funcionarios —8.904 millones—. Esta brecha se ampliará previsiblemente, pero mientras persista la inflación, los ingresos tributarios continuarán elevados. Un verano más agradable económicamente para las arcas públicas, aunque notablemente más caro para todos.