Ejecutivo destina 230 millones en nuevas ayudas para agricultura y pesca ante crisis de Oriente Medio

El Consejo de Ministros ha dado vía libre a un segundo real decreto-ley de medidas excepcionales dirigidas a agricultores y pescadores, movilizando 230 millones de euros para hacer frente a los incrementos de costes derivados del conflicto en Oriente Medio. Esta acción se suma a los 877 millones autorizados en el mes de marzo, consolidando un paquete de apoyo conjunto de 1.107 millones de euros.

Según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la nueva dotación incluye la extensión por tres meses adicionales del programa de subvención de gasóleo agrícola y para embarcaciones pesqueras, vigente hasta el 30 de septiembre, con una asignación de 65 millones de euros.

De forma paralela, se ha canalizado un incremento de 165 millones de euros hacia la ayuda directa destinada a la adquisición de fertilizantes, insumo crítico para la actividad agraria cuyo precio se ha encarecido notablemente por la situación bélica internacional.

Las ayudas por hectárea han experimentado un aumento: los cultivos de secano recibirán 38,33 euros por hectárea, mientras que las tierras de regadío accederán a 92,50 euros por hectárea. Este incremento se complementa con los 500 millones aprobados previamente en el decreto anterior, llegando a un total de 665 millones de euros para fertilizantes.

En relación al gasóleo agrícola, la subvención de hasta 20 céntimos por litro permanecerá activa desde el 30 de junio hasta el 30 de septiembre, con una dotación de 55 millones de euros que se añaden a los 52 millones ya desembolsados. Los agricultores beneficiarios no requerirán realizar gestiones adicionales, siendo suficiente la presentación de la solicitud de devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos.

Para el sector pesquero, la compensación por el encarecimiento de combustibles también se prolonga hasta el 30 de septiembre, con 10 millones de euros destinados a esta fase, elevando el total a 35 millones. Esta ayuda cubre el 70% de la diferencia entre el precio promedio del combustible en la semana actual y el vigente antes del inicio del conflicto.

El real decreto-ley contempla asimismo la realización de investigaciones urgentes sobre la productividad de las rías gallegas, considerando el cambio climático y los efectos de las recientes adversidades climatológicas.