El Ejecutivo extiende medidas de alivio fiscal en combustibles y suprime el gravamen energético

El Ejecutivo ha sancionado mediante real decreto ley un conjunto de disposiciones orientadas a contrarrestar los efectos del conflicto en Oriente Medio sobre la economía nacional. Las medidas contemplan la continuidad de beneficios tributarios en combustibles destinados a consumidores domésticos y la supresión progresiva del tributo sobre generación de energía eléctrica.

Según comunicó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, el Gobierno mantendrá estas acciones para resguardar tanto a familias como a empresas, en consonancia con una trayectoria de desescalada. Aunque reconoce que desde marzo las intervenciones han atenuado las presiones sobre valores, Cuerpo advierte sobre la persistencia de fluctuaciones en los mercados.

El Gobierno ha optado por mantener ciertos apoyos fiscales considerando que la inseguridad ha disminuido, aunque los movimientos de precios continúan siendo una realidad.

En relación a los combustibles, el Ejecutivo ha ratificado el sostenimiento de la rebaja tributaria aplicada a gasolina y gasoil para el consumo residencial, ajustándose a la dinámica del mercado petrolero mundial. La disminución del gravamen especial sobre hidrocarburos seguirá un calendario escalonado: 15 céntimos por litro durante julio, 10 en agosto y 5 en septiembre. No obstante, se suprimirá la reducción del IVA al 10% en combustibles, alineándose con las directrices de las autoridades europeas.

Se ha previsto una cláusula de reactivación según la cual, ante un recrudecimiento del conflicto y alza de precios, la asistencia a hogares retornaría a 20 céntimos por litro. Asimismo, el Gobierno efectuará revisiones mensuales de la inflación, y si el IPC alcanzara el 15%, se restablecerían las deducciones para electricidad y gas natural. Los beneficios para combustibles en sectores agrícola y transporte se preservarán, complementándose con 165 millones de euros destinados a la agricultura para adquisición de fertilizantes.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha dado a conocer que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pondrá en funcionamiento un dispositivo de vigilancia de márgenes en las estaciones de distribución, divulgando catálogos de conductas irregulares.

En materia de gravámenes sobre energía, el tributo del 7% sobre la producción eléctrica desaparecerá de forma escalonada, extinguiéndose completamente en 2028. Esta decisión, en opinión de Cuerpo, aminorará de manera estructural los costes de suministro para hogares e industrias, proyectándose un incremento en la producción industrial de 2.600 millones de euros anuales y la generación de 3.700 puestos de trabajo.

Se preserva igualmente la restricción de despidos para empresas beneficiarias de ayudas vinculadas al conflicto. De igual forma, se agiliza la disposición de recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitiendo que las inversiones se canalicen más allá del límite temporal de agosto siempre que cumplan con los hitos requeridos.

El primer real decreto-ley ya garantizaba para la totalidad de 2026 una cobertura social mediante descuentos en el bono social eléctrico, ampliaciones en el bono social térmico y vedaciones de corte de servicios a familias en situación de vulnerabilidad. Las actuales disposiciones representarán un apoyo tributario de 1.825 millones de euros en 2026, sumado a 2.700 millones derivados de la caída en ingresos por la extinción del gravamen productivo. Además, se autoriza al Organismo Nacional de Normalización para establecer directrices técnicas que incentiven la generación renovable con criterios de excelencia territorial y ambiental, facilitando la tramitación acelerada de iniciativas relevantes.